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Libertad plena para el profesor Rafael Cuevas fue la expresión unánime que el Consejo Universitario Extraordinario de la Universidad de Los Andes transmitió como exigencia a los tribunales judiciales de Mérida, tras sesionar la tarde de este jueves 29 de junio de 2017. El caso de la detención arbitraria del profesor Cuevas implicó, de acuerdo con las versiones recabadas, golpiza y desaparición forzada por varias horas. Luego se conoció que fue llevado a la comandancia policial de Mérida para ser sometido posteriormente a audiencia preliminar de presentación en los tribunales ordinarios penales. En este sentido, la Fiscalía no imputó cargos, pese a esto el juez de control determinó delitos "desconocidos" que, para los expertos son decisiones o medidas antijurídicas y nada acordes a sus funciones.

El profesor José Luis Malaguera abrió la disertación del caso con una narración del desarrollo de la audiencia en los tribunales. Afirmó que la protesta es un derecho constitucional instrumental que los ciudadanos aplican cuando ven menoscabados otros derechos fundamentales.

El caso de la detención en flagrancia implica la ubicación de una persona en un hecho punible. Una vez que se ejecuta la detención de una persona en esta situación de hecho punible, la Fiscalía del Ministerio Público es el organismo encargado de la investigación penal para recabar elementos probatorios. Es así como a través de un escrito esta fiscalía expone sus criterios.

El profesor Cuevas no estaba en situación de flagrancia, pues en las 48 horas de investigación no se recabó ninguna prueba sobre elementos probatorios de dicho hecho punible. Es decir, que la aprehensión no estaba legitimada. En pocas palabras la detención por parte de lo cuerpos policiales fue ilegal. Por tales razones la Fiscalía solicito la libertad plena del detenido. En el expediente tras las experticias, se determinó que el profesor fue golpeado por los funcionarios policiales en el proceso de la detención.

El deber ser

“El Juez de control tiene el deber de preservar todos y cada uno de los derechos del procesado, frente a la posibilidad de irregularidades de acciones policiales, es decir no puede imputar, solo recaba elementos probatorios. No obstante, en este caso el Tribunal de Control en usurpación del Tribunal Penal insistió en que sí había delito, pero que no iba a señalar cuáles eran tales los delitos”, refirió Malaguera.

Se conoció que en esta audiencia preliminar, el juez de control decidió presentación periódica cada 15 días a la sede de los tribunales penales, como medida sustitutiva y la presentación de dos fiadores que viabilizaría la puesta en libertad. De momento el profesor Cuevas se mantendrá privado de libertad en espera de la decisión del juez frente a todos los recaudos que les fueron presentados para el caso de la fianza.. “Sabemos cuál es el libreto en estos casos. El juez se ocupara estos tres días en decidir, cuando pudo haberlo hecho en el mismo momento”.

El Juez del Tribunal de Control generó otra situación extraña y de consistencia grave sobre el fiscal, pues el Juez conminó a imputar la comisión de delito sobre el profesor Cuevas. Esto al no ser procedente, motivó a juez a levantar un expediente de denuncia contra este fiscal por ante el fiscal superior de Mérida, a los fines de abrirle una investigación penal. Esta posición del Tribunal de Control generó gran molestia entre los fiscales sobre la forma de celebración de estas audiencias, que le llevará a acciones que se conocerán en su momento pertinente.

La libertad concedida para el profesor Cuevas es de momento una libertad restringida. “El Poder Ejecutivo está utilizando al Poder Judicial y el proceso penal para intimidar a estudiantes, profesores y ciudadanos de manera de inactivar la protesta e intimidar a la comunidad universitaria”, ratificó Malaguera.

La exposición del profesor Malaguera devino un cúmulo de preguntas cuyas respuestas encaminaron las propuestas y decisiones del CU.
En este sentido, el CU, a través de un remitido, fijará postura pública sobre el caso de la detención arbitraria y la privación ilegítima de libertad de profesor Rafael Cuevas y de todos los ciudadanos universitarios o no afectados por las detenciones arbitrarias. 
Se apoyará jurídicamente al profesor afectado y denunciará al juez ante la Inspectoría de Tribunales. Se apelará la decisión del juez del control y se accionará sobre los daños físicos infligidos al docente universitario, además de solicitar las medidas de protección al profesor Cuevas.
Se solicitará al Observatorio de Derechos Humanos de la ULA la sustanciación del caso y que proceda a interponerlo ante los organismos internacionales.
Se  auspiciará la participación de la comunidad universitaria en las actividades de protesta ante esta afrenta judicial contra el docente. Exhortar a todos los consejos de núcleos o facultad a pronunciarse sobre este  caso. Finalmente se declaró persona no grata al juez de control que ejerció las decisiones que mantienen provado de libertad el profesor Rafael Cuevas.

 

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